LA
PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / Erbol).- El Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) denunció al gobierno del presidente Evo
Morales de dividir al movimiento indígena de Bolivia ante el Undécimo Foro
Permanente de las Naciones Unidas y pidió que sea sancionado por ese organismo
internacionla.
“El Gobierno Nacional
de Bolivia hoy se encuentra en una acción de debilitamiento, fractura y cooptación
de liderazgos al interior de las organizaciones indígenas y originarias. En
función de sus intereses coyunturales, ha quebrado el Pacto de Unidad y utiliza
a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales aliadas como grupos
de choque, que se mueven en complicidad y al amparo de las fuerzas
gubernamentales y policiales”, señala uno de de los párrafos del documento que
fue presentado ante la ONU y fue leído por David Crispín, representante de la
organización indígena.
En el informe que presentó
el CONAMAQ se hace conocer sobre la vulneración de los derechos indígenas de
Bolivia al no ser consultados sobre proyectos de magnitud y extractivos en
territorio indígena; como también sobre la elaboración de normas que los
involucra.
Da a conocer los casos
Mallku Khuta y Corocoro, entre otros, que fueron afectados por la extracción de
minerales y algunos se ven en peligro por la contemplación de proyectos
extractivos.
A continuación el
escrito del documento que fue presentado por el CONAMAQ al Foro Permanente de
las Naciones Unidas:
En Bolivia se ha
producido un distanciamiento entre el diseño constitucional y su implementación
normativa e institucional que no cumple ni garantiza el principio de no
discriminación y el pleno ejercicio de los derechos que consagra la Carta
Universal de Derechos configurada, entre otros, por el Convenio 169 de la OIT,
la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros Instrumentos
Internacionales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad. A estas alturas
no se puede tapar el sol con un dedo sobre estas vulneraciones de derechos
colectivos, considero que vale ser más sinceros para sensibilizar al gobierno
boliviano para el bien de todos los bolivianos sobre el respeto a la CPE.
Queremos manifestar
ante la Organización de las Naciones Unidas, que en Bolivia hay una
obstaculización para el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y al
autogobierno que impide que nuestras instituciones sean parte de la estructura
general del Estado:
1. Las once
autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria deben
confrontar grandes dificultades de carácter normativo y financiero.
2. Los diputados
indígenas que representan a circunscripciones especiales indígenas, han sido
elegidos bajo criterios de democracia representativa. Se ha impedido que las
naciones originarias y pueblos indígenas puedan elegir a sus representantes
ante el Legislativo por normas y procedimientos propios.
3. La elección
de altas autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional
Plurinacional, ha seguido la misma lógica monocultural. El conjunto de
candidatos autoidentificados como indígena originario campesinos, ha sido
sometido a un proceso de preselección, selección y elección bajo criterios de
democracia representativa. Se han ignorado las normas y prácticas de democracia
comunitaria con las que deberían constituirse esas representaciones.
4. La
vulneración de derechos más reciente se produce con la Consulta Posterior y de
mala fe que pretende realizar el órgano Ejecutivo, con la complicidad del
Órgano Electoral Plurinacional en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Secure). La Alta Comisionada de la Organización de las
Naciones Unidas en la presente gestión 2012 “insta al Gobierno a garantizar el
respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su
consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y
procedimientos apropiados, según lo establecido por la Constitución y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y adoptar
una legislación correspondiente”, la cual incumplida por el Gobierno de
Bolivia, porque quieren aplicar una consulta posterior, de mala fe y sin
consentimiento libre como establece la ley inconstitucional No. 222 de supuesta
consulta en Bolivia.
Esta forma de hacer
consulta inconstitucional tiene y tendrá consecuencias muy graves para
los PINOs, tales como los recientes enfrentamientos por falta de consulta
previa, con las concesiones a empresas transnacionales Mineras, como La
comunidad de Mallku Qota en el Norte de Potosí que hoy exige al gobierno la
aplicación de la ley de consulta Marco pervio y vinculante, de la misma manera
las comunidades de Corocoro en la provincia Pacajes en el departamento de La
Paz, la contaminación minera en las comunidades de Vitichi en el Sur de
departamento de Potosi, que recientemente protagonizaron una marcha sin lograr
la consulta previa. Por todo esto quiero manifestar ante esta instancia
internacional que para evitar estas conflictividades, el CONAMAQ en junio de
2009 propuso una Ley Marco de Consulta Previa ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional, la misma no ha sido tomada en cuenta hasta el día de hoy, sin
tratamiento alguno.
5. No podemos
dejar de lado en referirme a la Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional que
obstaculiza nuestros derechos al autogobierno, desconoce nuestra cultura y
nuestras instituciones.
Para finalizar quiero
señalar, que el Gobierno Boliviano desde la gestión 2009, viene recortándonos a
los PINos más del 50% de los Recursos económicos de los Impuestos Directos a
los hidrocarburos (IDH) hasta la presente gestión, cuyos suma ascienden en
estos cuatro años, aproximadamente a mas de 720 millones de bolivianos, es
decir más de 103 millones de dólares, que tanta falta nos hace para apoyar a
nuestra comunidades en apoyar en sus proyectos productivos y sociales.
Termino con esto, el
Gobierno Nacional de Bolivia hoy se encuentra en una acción de debilitamiento,
fractura y cooptación de liderazgos al interior de las organizaciones indígenas
y originarias. En función de sus intereses coyunturales, ha quebrado el Pacto
de Unidad y utiliza a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales
aliadas como grupos de choque, que se mueven en complicidad y al amparo de las
fuerzas gubernamentales y policiales. La represión policial de Chaparina del 25
de septiembre del pasado año ha sido forzada por la presión política del ala
más radical del partido en función de gobierno: los colonizadores - Cocaleros.
Nuestra movilización en
la Novena Marcha que inicio la semana pasada está motivada en la defensa de la
madre tierra, el respeto de nuestros derechos y de nuestros territorios, en el
marco de nuestros derechos constitucionales y al amparo de los instrumentos
internacionales, como respuesta a la vulneración de nuestros derechos por el
Gobierno Nacional.
Pedimos a la
Organización de las Naciones Unidas. Señor presidente, a que esta instancia,
que se tengan presentes todos los hechos referidos por nuestra parte y que se
activen todos los mecanismos de prevención, protección y sanción en el marco de
los instrumentos y normas vigentes, para que el Estado Plurinacional de Bolivia
cese toda acción de hostilidad y restricción contra los pueblos indígenas
originarias y que en el marco de los instrumentos internacionales de derechos
humanos, de nuestra constitución política del estado y de las obligaciones
contraídas por el estado boliviano, respete nuestros derechos actualmente
vulnerados y otorgue todas las garantías para su efectiva realización.
New York, Estados
Unidos, 10 mayo 2012
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