GOBIERNO PROPONE SUMAR LAS PENAS CONTRA DELINCUENTES Y CONSTITUIR UNA CIBERPOLICÍA

LA PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / Erbol).- La sanción independiente y acumulativa de las penas en contra de los antisociales, el fortalecimiento de la capacidad técnica operativa de la institución  verde olivo, a través de la implementación de ciberpolicías con instrumentos de última tecnología, son algunas de las medidas que el Gobierno proyecta implementar en Bolivia, ante la ola de inseguridad ciudadana.

La información la dio a conocer este domingo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista exclusiva concedida a la RED ERBOL, considerando que las medidas preventivas y de seguridad ciudadana deben ir a la par de la coyuntura tecnológica, que también es empleada por los antisociales para cometer diferentes delitos.

Afirmó que esta estrategia de seguridad ciudadana, básicamente emerge de las cumbres de Santa Cruz y Tarija, misma que entre el viernes y el sábado pasado fue tratada en el Gabinete ampliado desarrollado en la población paceña de Coroico.

Según la autoridad, la mencionada estrategia contempla cuatro factores fundamentales, es decir, el desarrollo normativo; el fortalecimiento institucional de la Policía; las políticas sectoriales y el dispositivo interinstitucional.

Desarrollo normativo 

Romero señaló que el “desarrollo normativo” contempla el tratamiento de varias leyes, entre ellas, la reforma al Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. 

“En el Código Penal hemos planteado una propuesta que hay que debatirla y se refiere a la acumulación de penas, ahora una persona delinque e incurre en dos Y o tres tipos penales y resulta que se le procesa sólo por el tipo penal más grave, entonces la propuesta es que los procesos y sanciones sean independientes y acumulativos. Lo que generaría sanciones más duras”, anunció.

Sin embargo, reconoció que la actual Constitución contempla la máxima sanción de sólo 30 años para los delincuentes; aunque el planteamiento es que la acumulación de penas permita el tratamiento independiente de las diferentes sanciones.

“Se propone el tema acumulativo sin alterar esto de que la máxima pena siempre va ser 30 años, o sea, eso no se puede modificar ni tampoco se puede definir que el asesinato ya sea penado con 40 años. Pero si alguien incurre en asesinato, además en violación y también en hurto, entonces, todas esas penas tendrían que ser sancionados como si fueran independientes”, añadió.

Apuntó que  se debe sumar las penas y no romper la norma constitucional vigente haciendo una adecuada interpretación jurídica.

Sanciones contra fiscales 

En cambio, en el tema de la reforma del Código de Procedimiento Penal se propone algunas tipificaciones  y  la urgente necesidad de agilizar la administración de la justicia.

“También (se quiere implementar) sanciones de prevaricato no sólo para jueces sino también para los fiscales. Porque un operador de justicia atrapa al delincuente, luego el administrador de justicia lo deja libre, entonces es un problema muy grande”, aseveró.

La idea apunta a que se establezcan mecanismos de mayor control, además de agilizar la aplicación de los procedimientos, para poder por ejemplo procesar a fiscales cuando estos ponen a libertad a delincuentes que tienen delitos cometidos y sobre los cuales existen pruebas.

Más de 10 leyes por trabajar 

La autoridad gubernamental sostuvo que luego hay unas 10 ó 11 leyes adicionales que hay que trabajar. Entre ellas, la propia Ley de Seguridad Ciudadana que responda al actual contexto. Asimismo, las leyes de restricción de expendio de bebidas alcohólicas, control de comercialización de droga, control de venta y uso de armas y explosivos. 

Otra de las leyes tiene que ver con el tema del robo de automóviles, en este punto se prevé una tipificación y procedimientos más específicos y complementados  con otras medidas como la regulación de tráfico vehicular, porque muchos autos son usados para cometer delitos y en ese sentido existe la propuesta de que el motorizado que haya sido empleado en la perpetración de un delito, sea incautado y transferido de manera directa a la Policía.

También se propuso la revisión de la Ley del Ministerio Público y el Código de Niño, Niña y Adolescente, además del Código de Familia, entre otras normativas.

  

Fortalecimiento de la Policía

La Policía Boliviana se desenvuelve en la actualidad en condiciones precarias frente a los antisociales que actúan con tecnología de punta (sobre todo los narcotraficantes), frente a ello, el Gobierno quiere fortalecer la capacidad técnica operativa de la institución del orden.

“Tenemos que dotarles de infraestructura, que respondan a un enfoque de seguridad ciudadana integral, donde estén los operadores de justicia, pero también los administradores de justicia, la Policía, el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional en sus niveles de atención de causas menores y las defensorías”, sostuvo.

Según la autoridad, se busca que todas estas instituciones estén en una sola infraestructura para luego desconcentrar sus operaciones territorialmente por distritos de seguridad y al mismo tiempo para que los trámites se puedan desarrollar físicamente en los mismos espacios.

La policía necesita motorizados, pero al mismo tiempo la tecnología. Las investigaciones se desempeñan con medios muy rudimentarios, en muchos casos el delincuente usa medios más tecnificados.

Tecnología 

Se estima la instalación de más cámaras de seguridad en las zonas o ciudades con mayores índices de actividad delincuencial, la implementación de una policía aérea, sistemas de tarjeta de identificación del conductor automatizado, la informatización en los puestos de migración, la dotación del sistema GPS a los vehículos (inicialmente al transporte interdepartamental) y hasta ciberpolicías para que puedan patrullar en la red.

Se implementará también “un sistema de la central telefónica para la atención de todo tipo de emergencias similar al sistema de 911 en los Estados Unidos, en nuestro caso el 110”, enfatizó Romero.

Queremos “tener una central telefónica que le permita al pasajero subirse a un minibús y en una línea gratuita preguntar si ese minibús está registrado o no para recibir rápidamente la información y en su caso identificar el motorizado con modernos sistemas tecnológicos”, agregó.

Entre otras medidas que se quiere aplicar en el país, está la redistribución de las patrullas. Todo esto complementado con la participación ciudadana, con enlaces en los barrios y brigadistas vecinales.

Los restantes dos componentes en materia ciudadana (las políticas sectoriales y el dispositivo interinstitucional) son fundamentalmente preventivos. El primero involucra a medios de comunicación  y el segundo implica a todas las instituciones representativas, además organizaciones sociales.