LA PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció el domingo una malversación de más de 20 millones de bolivianos en obras fantasmas dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que contó, supuestamente, con la complicidad de dirigentes indígenas.
En una entrevista con medios estatales, la autoridad explicó que a medida que el Gobierno va incursionando en esa región amazónica descubre que no existen las unidades educativas, postas sanitarias y los proyectos productivos que aparecen registrados en la planilla de ejecución de proyectos de la Gobernación de Beni.
"A medida que vamos incursionando en el territorio y en las comunidades vamos verificando que la planilla de ejecución de proyectos de la Gobernación (de Beni) en cada una de estas comunidades no existe, lo que existe aquí es muerte, desolación (...), cientos de niños sin salud, sin educación", dijo.
Quintana hizo notar, además, una posible malversación de 1 millón de dólares durante la administración del gobernador suspendido de Beni, Ernesto Suárez.
Esos recursos debían financiar el mantenimiento de una camino entre San Ignacio de Moxos y Santísima Trinidad, que atravesaba el centro del TIPNIS, pero resultó ser un proyecto fantasma.
A su juicio, las trabas que le ponen algunos dirigentes indígenas, como Fernando Vargas y el diputado Pedro Nuni, a los proyectos del Gobierno orientados al desarrollo y bienestar de las poblaciones del TIPNIS, en el fondo buscan esconder una serie de irregularidades y el mal uso de más de 20 millones de bolivianos.
"Es lo que les causa escozor a Fernando Vargas, a Pedro Nuni, a todos los que se quejan", dijo.
Pese a esa "psicosis", Quintana ratificó que el Gobierno está empeñado en llevar la asistencia social y económica productiva del Estado al TIPNIS, a tiempo de rechazar las acusaciones de un supuesto proselitismo electoral en esa zona, cuyas comunidades todavía deben decidir si quieren o no una carretera.
El Ministro anunció, además, que presentará las pruebas de las irregularidades descubiertas al interior de esa región ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y después al Órgano Judicial.
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