PERIODISTAS PIDEN LEY DE ARCHIVOS Y REDUCIR RESERVAS

Acceso a la Información

Presidente de la APLP, Antonio Vargas.

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Disminuir a sólo dos las excepciones, incluir sanciones contra quienes se nieguen a brindar datos y crear una Ley de Archivos, son las principales sugerencias que organizaciones de la prensa y la sociedad civil realizaron al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.

En la audiencia pública realizada con siete instituciones en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, se platearon las observaciones y modificaciones al proyecto de ley, según señaló Ronald Grebe, miembro de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

“Hay dos propuestas, una que hacia el Semanario Aquí, que se deben retirar todas las excepciones, y hay otra en el sentido de que tienen que ser excepciones mínimas, una o dos, como secretos de Estado, que tiene que ver con la situación del país frente a países vecinos; estos son secretos que se deben mantener pero por un tiempo limitado. Hay países que establecen 10 años para secretos de Estado, hay otros que plantean 20 años”, manifestó el representante.

Modificar el artículo 42 y garantizar criterios que impidan una “interpretación caprichosa”, además de crear un órgano autónomo sin poder político encargado de clasificar la información, son las sugerencias de parte de la Asociación de Periodistas de La Paz, señaló su presidente, Antonio Vargas.

“Se ha observado que la Ley de Acceso a la Información Pública debe ir al mismo tiempo que una Ley de Archivos, y de la misma manera la gran latitud de algunos términos como el bien común deben estar absolutamente bien precisadas en la norma para evitar interpretaciones caprichosas de parte de los servidores públicos. Las restricciones deben ser minimizadas y llevadas a un plano en el que solamente existan en caso de que realmente se ponga en peligro la integridad de nuestro país”, manifestó.

La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, dijo que se debe garantizar que el control social pueda acceder a la información de las instituciones públicas, de lo contrario, será una norma restrictiva que vulnera preceptos de la Constitución Política del Estado.

“Si la sociedad civil y las organizaciones no van a tener información sobre las acciones estratégicas de recursos naturales, sobre impacto ambiental o lo que esté en proceso, entonces para qué sirve el control y participación social, es decir nuestra Constitución quedaría colgando y si realmente seria un proyecto que vulneraria la Constitución. Sin información no hay participación ni tampoco hay control social”, señaló.

El proyecto de Ley fue aprobado en su estación en grande al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja por lo cual luego de las audiencias públicas que se realizan en esta jornada, el proyecto será analizado en su estación en detalle la próxima semana.

El Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, también  expreso su preocupación por las restricciones planteadas en el proyecto de ley. Dijo que vulnera los preceptos constitucionales del rol de la Defensoría del Pueblo.

“Fundamentalmente nos referimos a los artículos que tienen que ver con la reserva de la información sobre recursos naturales y al estudio de impacto ambiental que se ha establecido como excepciones del derecho a la información, esto es una limitación al derecho al medio ambiente y al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, tomando en cuenta que todo pueblo indígena debe ser consultado antes de que empiece o haga una obra”, señaló.