LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Gobierno calificó el martes de un 'acto de
justicia' la anulación del fallo que obligaba a pagar al Estado más de 93
millones a favor de la privada Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y su
principal accionista Samuel Doria Medina.
En una rueda de prensa, el
presidente en ejercicio Álvaro García Linera reafirmó que la privatización de
la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa), que ideó Doria Medina en su
condición de ministro de Planeamiento y Coordinación (1991-1993), fue 'mal
hecha' y de una manera 'abusiva, corrupta y en contra de Bolivia'.
En 2010, el Gobierno expropió el
33,34% de las acciones de Soboce en Fancesa y las adjudicó a la Gobernación de
Chuquisaca.
El 15 de abril último, Soboce
ganó una demanda judicial y pidió una compensación de al menos 93 millones de
dólares.
Como bolivianos estábamos viendo
'espantados y horrorizados' esa sentencia contra el Estado, 'es una barbaridad
que evidentemente está siendo rectificada por la Justicia y esperamos de que
eso se mantenga. En todo caso lo vemos como un acto de justicia', declaró
García Linera a los periodistas.
'En ese ámbito de la justicia
nosotros simplemente lo que hacemos es protestar, no intervenimos en la
justicia. La justicia es un órgano independiente', mencionó.
Soboce anunció que apelará la
decisión judicial e insistió en que la Gobernación de Chuquisaca debe hacer
efectivo el pago por la reversión de sus acciones.
En tanto que García Linera
lamentó que Doria Medina, líder de la opositora Unidad Nacional, reclame una
indemnización después que usó sus influencias para privatizar Fancesa en
beneficio personal.
'No solamente es un absurdo
jurídico, sino también un absurdo político. El señor que nos roba a los
bolivianos dinero para uso personal es el señor que nos está diciendo que
quiere ser candidato para defender a todos los bolivianos. Está claro que ese
señor quiere ser presidente para ya no solamente robar 100 millones, sino robar
mucho más', advirtió.
En ese marco, el mandatario
consideró que la Justicia más bien debe sancionar a las personas que se
enriquecen con los bienes públicos.
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